LA INCORPORACIÓN DE TARIJA A LA REPÚBLICA DE BOLIVIA
8:25 a. m.
LA INCORPORACIÓN DE TARIJA
A LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, acontecimiento sobresaliente en los primeros
años de nuestra vida republicana.
Entre los antecedentes es
pertinente recordar que la villa de San Bernardo de Tarija, fue fundada el 4 de
julio de 1574 por el próspero empresario español don Luis de Fuentes y Vargas
en virtud de una provisión que había firmado con el virrey Francisco de Toledo
en La Plata el 22 de enero de ese año.
En la mencionada provisión el representante del monarca
mencionó los “daños, muertes y robos que los indios chiriguanos han hecho a los
vasallos de Su Majestad”. Añadía que la fundación se la haga en el valle de
Tarija, en parte conveniente para la defensa y “mejor sitio y comodidad para la
salud y conservación de las personas que allí fueren a vivir y morar” y que se
llame y nombre la Villa de San Bernardo de Tarija”.
Con la fundación formal, Tarija nació como núcleo de
poder político y administrativo, parte integrante de la Audiencia de Charcas,
dependiente del virreinato de Lima.
La región se convirtió en importante centro de producción
agrícola, ganadera y forestal para el abastecimiento de la Villa Imperial y de
los centros mineros de su jurisdicción.
El rey Carlos III le otorgó el título de MUY LEAL Y MUY
FIEL en reconocimiento a la misión que cumplía y su adhesión a la Corona.
Cuando en 1773 el monarca estableció las intendencias,
determinó que la de Potosí abarcaría las subregiones de Porco, Chichas, Tarija
y Atacama. A la intendencia de Salta se le asignó las subdelegaciones de
Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Puna.
En 1776 el Rey creó el virreinato del Río de la Plata al
que se incorporó las provincias altas, que hoy constituyen Bolivia. En tan
vasto territorio se presentaron dificultades para la administración, sobre todo
religiosa, lo que motivó que el gobernador de Córdoba del Tucumán Rafael
Sobremonte, mas tarde virrey del Río de la Plata, planteara la división en dos
del obispado de Tucumán, con una nueva sede en Salta a la que asignó parte del
arzobispado de La Plata.
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| Eduardo Trigo O’Connor d’Arlach |
La disposición está incluida en la cédula real del 18 de
febrero de 1807, cuyo texto es importante conocer por haber dado lugar a la
primera controversia diplomática de Bolivia. Dice:
Yo El Rey:
Gobernador Intendente de Potosí: para el mayor bien y
felicidad de mis vasallos de Salta del Tucumán, he tenido a bien mandar a
consulta de mi Consejo de Indias de diecinueve de octubre de mil ochocientos
cinco, se erija un nuebo Obispado, cuya capital sea la de aquella provincia,
asignando a la nueba Diócesis, entre otros territorios, todo el partido de
Tarija de esa Intendencia, separándole de la de Potosí, como se prebiene
respectivamente en cédulas de esa fecha. Lo que os participo para que tengan
entendido quedar sugeto dicho partido a la jurisdicción de la Intendencia de
Salta, que hasta ahora ha pertenecido a la Vuestra, haciéndole por este medio
más útiles los desvelos que el Intendente por su inmediación al chaco, y a sus
reducciones. En consequencia le facilitaréis y remitiréis, como muy
particularmente os lo mando, los Autos, Documentos y Papeles que existían en
Vuestro Archivo respectivos al citado Partido de Tarija así en lo gubernativo,
como en lo contencioso, sin permitir se pongan embarazos o reparos que
dificulten, o dilaten la remisión de todos los que sean necesarios para su
gobierno contribuyendo vos por Vuestra parte a que tenga el más cumplido efecto
esta mi Real Resolución, por ser mi voluntad. Fecha en el Pardo a diez y siete
de febrero de mil ochocientos siete. Yo el REY.- Por mandato del Rey Nuestro
Señor- Silvestre Collar- tres rúbricas”.
La disposición real fue puesta en ejecución el 24 de marzo de 1808 por el intendente de Potosí Francisco de Paula Sanz.
La segregación de Tarija de la intendencia de Potosí fue
recibida con sorpresa en la villa desde donde se elevó reclamaciones a la
metrópoli, las que no tuvieron respuesta por la situación que atravesaba
España frente a la política napoleónica. En consecuencia la cédula del 17 de
febrero de 1807 tuvo plena ejecución religiosa, política y administrativa.
Luego sobrevivo el grito de Chuquisaca del 25 de mayo de
1809 y posteriormente la Revolución de Buenos Aires del 25 de mayo de 1810 que
dio lugar a la formación de la Junta General Gubernativa presidida por el
potosino Cornelio de Saavedra.
El naciente Gobierno, dos días después de su creación,
con el fin de lograr el apoyo de los habitantes del interior, instruyó que cada
ciudad con cabildo nominara un diputado que sería incorporado al Congreso
General que se reuniría en la capital porteña. La villa de Tarija, el 18 de
agosto de 1810, eligió como su diputado al joven abogado José Julián Pérez de
Echalar. Es pertinente mencionar que este ilustre tarijeño integró la Junta
Grande, negoció con el virrey Elío el tratado de pacificación; formó parte del
primer y segundo triunvirato; ocupó el cargo de triunviro de este último que
había asumido la suma de los poderes gubernativos. Buenos Aires lo eligió
diputado al Congreso de 1812. Tarija por la adhesión de sus hijos a la causa de
la emancipación, por su posición geográfica y por su riqueza, fue un importante
centro en la lucha por la independencia del Alto Perú y de las provincias del
Río de la Plata. Los combatientes de estas tierras estuvieron presentes en las
principales batallas desde Suipacha hasta Tumusla. Entre muchos patriotas
destacados figuraron Méndez, Flores, Rojas, Uriondo, Larrea, los hermanos León,
Mendieta y Garay.
El fin de la dominación española en Tarija tuvo lugar el
14 de marzo de 1825 cuando el montonero Eustaquio Méndez, apodado el Moto,
encabezó un movimiento popular en la villa y proclamó la libertad de toda la
provincia.
Cabe recordar que el Mariscal Antonio José de Sucre, el 9
de febrero de 1825, convocó a una asamblea para que definiera el futuro del
Alto Perú. En el decreto no incluyó a representantes de Tarija porque la villa
y su territorio pertenecían a la jurisdicción argentina, razón por la cual no
figura ningún tarijeño en el acta de fundación de la República de Bolivia.
El 9 de mayo de ese año, el Congreso de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, aprobó una ley mediante la cual invitaba a las
provincias del Alto Perú a enviar representantes a ese órgano gubernativo
reconociéndose –no obstante que ellas siempre han pertenecido al Río de la
Plata- la voluntad del Congreso General Constituyente que ellas quedan en plena
libertad para disponer de su suerte, según crean convenir mejor a sus intereses
y a su felicidad. Se disponía, además, el envío de una misión diplomática para
que en nombre de la nación argentina, felicite al Libertador Simón Bolívar por
los altos y distinguidos servicios que ha prestado a la causa del Nuevo Mundo.
El gobernador Juan Gregorio de las Heras, a través del decreto de 19 del mismo mes dispuso que la misión diplomática que se trasladaría al Alto Perú estuviese formada por Carlos María de Alvear, José Miguel Díaz Vélez y Domingo de Oro quien actuaría como secretario.
El gobernador Juan Gregorio de las Heras, a través del decreto de 19 del mismo mes dispuso que la misión diplomática que se trasladaría al Alto Perú estuviese formada por Carlos María de Alvear, José Miguel Díaz Vélez y Domingo de Oro quien actuaría como secretario.
Mientras tanto vecinos de Tarija se dirigieron al
Mariscal Sucre con la solicitud de que nombrara un nuevo gobernador en
reemplazo del Dr. Felipe Echazú, que cumplía esa misión por designación hecha
por las autoridades argentinas.
Sucre escribió en el memorial este proveído: El coronel
Francisco B. O’Connor se impondrá de la presente solicitud, se dirigirá a
Tarija y si halla mérito en ella, en uso de las facultades amplias que se le
tienen conferidas, mudará al gobernador de esa provincia nombrando otro en su
lugar.
El oficial irlandés, que había sido Jefe del Estado Mayor
del Ejército Unido Libertador en la batalla de Ayacucho, viajó a Tarija y al
siguiente día de su llegada se presentó ante los miembros del Cabildo y
posesionó como nuevo gobernador a Bernardo Trigo, quien más tarde fue General
del ejército boliviano. Concluida esta misión O’Connor se retiró a Tupiza en
los últimos días de mayo.
Trigo en el ejercicio de sus funciones le escribió al
coronel O’Connor que había convocado a todos los vecinos de la villa para hacer
un pronunciamiento a favor de la anexión de Tarija al Alto Perú. El acto fue
fijado para el 6 de junio. En esta oportunidad fueron electos tres
representantes para que asistieran a la Asamblea que debía reunirse en
Chuquisaca en representación de la región; ellos fueron los presbíteros José
Mariano Ruylova, cura vicario de Tarija; Baltazar de Arce, cura vicario de
Concepción y el comerciante y filántropo Joaquín Tejerina. Estos diputados no
fueron aceptados porque Tarija al pertenecer a la jurisdicción de Salta formaba
parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy República Argentina;
además porque la convocatoria lanzada por Sucre no comprendía a Tarija.
El 16 de julio el Cabildo se dirigió al gobernador Juan
Antonio Álvarez de Arenales para manifestarle que: la provincia por su voto
general, está agregada al Alto Perú, ya en uso de la plena libertad que el
mismo Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la
Plata ha sancionado que disfruten las del Alto Perú. Ante esta situación
Arenales se trasladó a Tarija, destituyó a Bernardo Trigo y repuso en la
gobernación a Felipe Echazú.
Cuando se desarrollaban estos acontecimientos, O’Connor
pidió permiso a Bolívar, quien ya se encontraba en Las Paz, para
trasladarse a la villa con la Legión Peruana. La ocupación militar tuvo lugar
el 30 de septiembre de 1825. Estaban incorporados a dicha unidad el
capitán Felipe Salaverry y el subteniente Juan Crisóstomo Torrico,
quienes años más tarde fueron presidentes del Perú.
En esos días, la legación argentina que encabezaba el
general Carlos María de Alvear continuaba su viaje hacia el Alto Perú, con las
instrucciones que habían sido aprobadas por el Ministro de Relaciones
Exteriores Manuel José García que llevaban la fecha de 10 de junio de 1825.
Es interesante conocer detalles de estas órdenes para
apreciar en su cabal valor el aspecto diplomático, las pretensiones del país
vecino en un momento crítico de su historia y los resultados obtenidos.
Las instrucciones mencionadas establecían en
principio dos objetivos de la misión. La primera hacer la invitación
fijada por la ley de 9 de mayo. La segunda trasmitir al Presidente de Colombia
y Encargado del Mando Supremo del Perú, las expresiones de reconocimiento
mencionadas en la misma ley.
Se instruía, además, que la Legación tras su arribo a
Potosí, informara a través de los medios más seguros, acerca de las
deliberaciones de la Asamblea de Diputados convocada por Sucre. Consideraba
tres posibilidades 1) Si no se hubiese resuelto sobre la suerte de las cuatro
provincias del Alto Perú la comisión informará al Congreso altoperuano lo
establecido por la ley de 9 de mayo; 2) Si se hubiesen incorporado al Río de la
Plata darán cuenta al poder ejecutivo argentino; 3) Si se hubiese resuelto
formar un estado independiente, informarán a su gobierno.
Mientras la misión Alvear continuaba su viaje hacia el
Alto Perú para cumplir su cometido fue informada que las provincias
altoperuanas el 6 de agosto habían determinado constituirse en Estado soberano.
Otro asunto fundamental encomendado a la legación
argentina fue interesar a Bolívar en los problemas que enfrentaba la Argentina
frente al Brasil por la ocupación que había hecho de la Banda Oriental
del Uruguay. Se le manifestó a Alvear “que se esforzaría en demostrar al señor
Presidente cuan peligroso es a la independencia y libertad de América la
política adoptada por la Corte del Brasil, y que ha desplegado con mayor fuerza
después de la disolución de la Asamblea del Imperio, como igualmente la aversión
con que el Emperador mira las nuevas repúblicas y la decidida oposición a todo
cuanto pueda consolidarlas”. Se calificaba de insidiosa la política con la cual
se pretendía usurpar la Provincia Oriental y los pasos que, en consecuencia,
habían dado para recuperarla.
En los documentos entregados a los diplomáticos no se
hace mención a la situación de Tarija, tema que surge después de que el
gobierno de Salta informara a Buenos Aires sobre los últimos acontecimientos y
la preocupación manifiesta por la ocupación militar llevada a cabo por el
coronel Francisco Burdett O’Connor.
El 23 de julio de 1825, el Ministerio de Relaciones
Exteriores argentino amplió el mandato otorgado a la Legación, ordenando
plantee al Libertador la devolución de Tarija. Bolívar manifestó que “Tarija
había implorado la protección del Ejército Libertador y que había sido ocupado
por sus órdenes”. Añadió Alvear que “fuese cual fuese la voluntad de Tarija,
S.E. el Libertador no podía menos que convenir en el interior de su conciencia
y en su ilustración que no podía establecer el principio anárquico de permitir
a cada pueblo separarse de la asociación política a que pertenece, para
asociarse a otra sin el consentimiento de la primera”. Invocaba, por cierto, uti possidetis, en razón
de que en 1810 Tarija formaba parte de la provincia de Salta.
Los argentinos ratificaron sus puntos de vista a través
de la siguiente nota: Potosí el 25 de octubre de 1825. Los que suscriben tienen
el honor de hacer saber a S.E: el Libertador de Colombia, Encargado del Mando
Supremo del Perú, que se halla con órdenes de su gobierno para reclamar de S.E.
la devolución del territorio de Tarija, ocupado por una división del Ejército
Unido Libertador.
Los que suscriben han manifestado ya a S.E. esto mismo
antes de ahora, en las conferencias privadas que se han tenido sobre la
materia, y llenos de satisfacción por la uniformidad de sentimiento de S.E.
hacen ahora la reclamación formal y expresa en que ha convenido S.E. y
creen los que suscriben necesaria para evitar en lo sucesivo cualquier motivo
de divergencia que pudiera ocurrir en un negocio terminado definitiva y
solemnemente entre autoridades competentes.
A más de esto, los que suscriben creen que en materias de
esta naturaleza, que con el transcurso del tiempo pueden dar origen a
desavenencias entre Estados destinados, por otra parte, a ser sinceros amigos,
no hay precaución que sea superflua para evitarlo, y es esta la razón que los
impulsa a suplicar a S.E. se digne declarar oficialmente:
1º Que reconoce anárquico el principio de que en territorio, pueblo o provincia, tenga el derecho de separarse por su propia y exclusiva voluntad de la asociación política a que pertenece, para agregarse a otro sin consentimiento de a primera; 2º que en vista de los documentos presentados a S.E. resultando justificado que antes de los acontecimientos de la resolución el territorio de Tarija pertenecía a la provincia de Salta, reconoce como parte importante de aquella Provincia y, por consiguiente, de las Unidas del Río de la Plata, dicho territorio.
1º Que reconoce anárquico el principio de que en territorio, pueblo o provincia, tenga el derecho de separarse por su propia y exclusiva voluntad de la asociación política a que pertenece, para agregarse a otro sin consentimiento de a primera; 2º que en vista de los documentos presentados a S.E. resultando justificado que antes de los acontecimientos de la resolución el territorio de Tarija pertenecía a la provincia de Salta, reconoce como parte importante de aquella Provincia y, por consiguiente, de las Unidas del Río de la Plata, dicho territorio.
Los que suscriben cumplen su más grato deber ofreciendo
sus sentimientos de respeto y consideración particular.
Carlos de Alvear, José Miguel Díaz Vélez.
El Mariscal Antonio José de Sucre fue un pertinaz
opositor a que el territorio de Tarija fuese entregado al vecino país. Antes de
la llegada de Bolívar contestó a un reclamo de Arenales: “La provincia de
Tarija ha sido sometida al Ejército Libertador no como un país que
pertenecía a Potosí o Salta, sino como un territorio que dominaban los
españoles y era preciso arrancar de sus manos”.
Sucre estuvo presente en la tercera conferencia llevada a
cabo el 27 de octubre en la que ratificó sus puntos de vista. Bolívar, que
había adoptado la determinación de acceder al pedido argentino, le dijo:
“Mariscal, es preciso que el Perú se desprenda de sus pretensiones sobre
Tarija; de aquí a cien años los moverán los gobiernos si lo tuvieran por
conveniente”.
El 7 de noviembre de 1825, Santiago Felipe Estenós,
secretario general de Bolívar, se dirigió a los diplomáticos argentinos en
estos términos: el Libertador ha accedido a la entrega de la provincia de
Tarija al gobierno de La Plata a condición de que el general Arenales no
persista en alegar a favor de la República Argentina, la provincia de Atacama;
que para tal caso le queda al Alto Perú su derecho a salvo para hacer el que le
corresponda a la provincia de Tarija, por ser igual el caso entre los dos
gobiernos, pues, solo la posesión eventual y momentánea es la que se puede
alegar por ambas partes. Los argentinos le manifestaron a Simón Bolívar que se
tomaban la libertad de suplicarle se digne pasarles las órdenes en las cuales
se prevenga al Coronel O’Connor que, dejando con su fuerza el territorio de
Tarija, entregue el mando de ella y su jurisdicción al edecán de la Legación D.
Ciriaco Díaz Vélez, que ha resuelto éste pase a tomar posesión de él en
nombre del Gobierno de las Provincias argentinas.
El 4 de febrero de 1826, Ciriaco Díaz Vélez, tomó
posesión como Gobernador provisorio de Tarija.
El Ayuntamiento, que estuvo presidido por Bernardo Trigo,
ante los hechos aparentemente consumados, planteó que la anexión al vecino
país, que había sido decidida por Bolívar y debía realizarse como provincia
independiente y en ningún caso como parte de la provincia de Salta. Luego
se procedió a la elección de diputados al Congreso General Constituyente de
Buenos Aires, resultaron favorecidos: Domingo Arce, José Felipe de Echazú, el
coronel Hilarión de la Quintana, José María Díaz Vélez, Cayetano Campana, Baldomero
García y Pablo Alemán; la mayoría de ellos eran porteños y se supuso apoyarían
la separación administrativa de Salta.
En esos días llegó Mariano Gordaliza, nombrado Gobernador
de la villa y su territorio; tuvo roces y desencuentros con la autoridad
a la que debía suceder. Se alegó la nulidad de las elecciones llevadas a cabo y
se procedió a una nueva nominación. El 7 de agosto se eligió a Juan Antonio
Ruiz, Francisco J. Arce, José Miguel Núñez y José Felipe de Echazú, quienes se
incorporaron al órgano legislativo argentino.
En Buenos Aires el 30 de noviembre de 1826, se promulgó
una ley que disponía lo siguiente:
Art. 1º.- Queda elevada al rango de provincia la ciudad
de Tarija y su territorio adyacente.
Art. 2º.- Se le declara todos los derechos y prerrogativas
que la constitución y las leyes establecen a favor de las provincias.
Si bien la orden de Simón Bolívar tuvo ejecución, ella
fue criticada con el razonamiento de que en su condición de Jefe del Ejecutivo
carecía de atribuciones para disponer sobre la transferencia de territorios;
pero cuando él abandonó Bolivia el sentimiento patriótico se avivó.
Pasaron los meses y los principales promotores del
movimiento el Cnel. Bernardo Trigo y José Eustaquio Méndez, dirigieron acciones
en contra del gobernador Gordaliza, según Trigo en informe elevado al
Presidente Sucre le decía: hicimos rendir la guarnición de esta plaza con el
mayor decoro y orden, sin que sufriese el menor estrépito ni desgracia.
Superado el ambiente de tensión que había vivido la villa,
el pueblo por votación y aclamación unánime, aprobó su incorporación a la Hija
Predilecta del Libertador. Restituyó a las autoridades que habían sido
depuestas por los argentinos y aclamó como diputados al Congreso boliviano al
Cnel. Gabino Ibáñez, al Tcnel. José María de Aguirre y a José
Fernando de Aguirre.
Los tarijeños transmitieron al gobierno su temor de que
se pudiera ingresar en estado de guerra con el país vecino. En atención a
esta preocupación Sucre dispuso que el Cnel. O’Connor al mando de dos compañías
se acantonara en Mojo desde donde influiría en la organización de Tarija y
tomaría las medidas militares ante cualquier eventualidad que pudiese
presentarse.
Pese a la determinación firme adoptada por el pueblo, los
representantes parlamentarios no fueron admitidos en el Congreso nacional,
hasta que se dictó la ley de 23 de septiembre de 1826.
La norma citada desconocía los actos por los cuales
Tarija fue desmembrada de la República de Bolivia. En su artículo 2º decía: “En
virtud de las reiteradas negociaciones de Tarija y de su libre y
espontánea resolución por incorporarse a Bolivia, se admitirán en el Congreso
Constituyente sus diputados que se hallan en la capital, luego que examinadas
sus credenciales estén conformes al reglamento de elecciones de 26 de noviembre
del año pasado”.
Cuando se preveía que la situación se había consolidado,
nuevos obstáculos surgieron en contra del patriótico anhelo de los pobladores
de la villa de San Bernardo. El Poder Ejecutivo que observó la ley antes citada
y omitió promulgarla, no cabe duda que temía un conflicto bélico por una parte
y, por otra, el Plenipotenciario Díaz Vélez continuaba en Bolivia a cargo de la
representación argentina y llevaba a cabo gestiones diplomáticas en forma
activa.
El Ministro de Relaciones Exteriores se dirigió a la
Cancillería argentina y al Gobernador de Salta para expresarles que “el
gobierno ha pensado que no es un deber, por el momento, admitir la
reincorporación de Tarija a la República hasta que los resultados de la negociación
de límites decidan un asunto que en si es tan delicado y que por lo mismo no
quiere tratar sino muy amigablemente”.
Añadía que se había decidido conservar por su influjo el
orden público en Tarija y que las fuerzas destinadas a la frontera entrarían a
defender a la provincia. A la cabeza de esas fuerzas se encontraba el
benemérito coronel Francisco Burdett O’Connor.
La posición asumida por las máximas autoridades tuvo un
impacto muy fuerte en la colectividad tarijeña que el 7 de septiembre, en una reunión
en la casa consistorial, emitió un nuevo pronunciamiento, por unanimidad, por
el que expresó su decisión de pertenecer a la nación boliviana. En la ocasión
se ratificó a los tres diputados que habían sido elegidos y se añadió el nombre
de Pablo Hevia y Vaca, en calidad de suplente.
Ante la situación de incertidumbre, el 17 de octubre de
1826, el pueblo tarijeño emitió un notable manifiesto en el cual hizo un
extenso análisis histórico de los hechos y concluyó con la declaración
que consentía antes desaparecer de la tierra que dejar de ser boliviana; que su
voluntad era pertenecer a Bolivia y sin Bolivia no quería existir en el mapa
geográfico.
La región con tenaz patriotismo logró su incorporación a
la República fundada el 6 de agosto de 1825 pero no alcanzó, en principio, su
deseo de convertirse en departamento boliviano pues el Congreso le reconoció la
calidad de provincia: tuvo que llevarse a cabo largas gestiones, durante cuatro
legislaturas, para que se dictara la ley de 24 de septiembre de 1831 que crea
el departamento de Tarija.
En mayo de 1837 Juan Manuel de Rosas declaró la guerra a
la Confederación Perú-Boliviana, uno de los motivos principales era la
recuperación de Tarija. Formó un ejército que comandó el Gral. Alejandro
Heredia y que llegó hasta lugares próximos a la capital del Departamento. Las
fuerzas bolivianas bajo el comando del Gral. Otto Felipe Braun derrotaron a
los invasores en Iruya, Montenegro y Humahuaca.
Es lamentable que esta victoria no sea debidamente
apreciada en nuestro país pues es una guerra que fue ganada por Bolivia.
Para concluir me permito poner de relieve:
1º.- Que la incorporación de Tarija a la intendencia de
Salta del Tucumán, por cédula real de 1807, no solamente fue de carácter
religioso sino también administrativo y político.
2º.- Que la misión encomendada a los diplomáticos Alvear
y Días Vélez originalmente no incluía la cuestión de Tarija, ella es
añadida a las instrucciones del Ministro de Relaciones Exteriores cuando en
Buenos Aires se tuvo conocimiento del primer pronunciamiento de la villa del 6
de junio de 1825.
3º.- La incorporación a Bolivia fue fruto de los
movimientos cívicos llevados a cabo en Tarija, los que después de largas
gestiones tuvieron eco en el gobierno nacional y fue reafirmada con las
vitorias militares de Iruya, Montenegro y Humahuaca en la guerra que la
Argentina declaró a nuestro país en 1837.
4º.- Desde 1826 Tarija ha dado muestras de su lealtad a
Bolivia a la que ha brindado el servicio de sus hijos y el potencial de su
riqueza.
Eduardo Trigo O’Connor d’Arlach
BIBLIOGRAFÍA
- Abecia
Valentín: Las relaciones Internacionales en la Historia de Bolivia, tI. La Paz
1978
- Mercado
Moreira Miguel: Historia Internacional de Bolivia. La Paz 1930
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- Trigo
O’Connor d’Arlach Eduardo: Tarija en la Independencia del Virreinato del Río de
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